Escrito por:

*Olga Lucía Zapata Cortés 

Asimismo, la descentralización colombiana es impulsada por la necesidad de acoplamiento del Estado a las nuevas exigencias del contexto económico y sociopolítico nacional y global, como redistribución del poder acompañada de mayores niveles e instrumentos democráticos, una gobernanza eficiente en la gestión compartida de políticas públicas entre los diferentes niveles de gobierno y mayor participación ciudadana en la gestión de lo público, por mencionar algunos. 

 A pesar de los avances, autores como Cravacure (2014) afirman que en la mayoría de los países latinoamericanos se han venido produciendo reformas re-centralizadoras, un tipo de efecto no deseado de la misma descentralización, que se evidencian en la limitación de la autonomía, recursos y autoridad de los gobiernos locales en la toma de decisiones. 

 En este sentido, y después de 25 años de la descentralización colombiana, entre 2001 y 2011, el gobierno nacional colombiano viene implementando estrategias de re-centralización fiscal que buscan: I) corregir los efectos negativos producidos por el diseño institucional inicial; II) reparar el exceso de deuda pública y mal desempeño financiero del gobierno nacional; y, III) fortalecer la capacidad regulatoria del gobierno central. 

 A partir de la Constitución Política de Colombia y posteriores reglamentaciones, se han cambiado las reglas de juego y el marco institucional colombiano, en tanto las normas que buscaron la profundización de la descentralización están proveyendo herramientas e instrumentos de gestión jerárquicos, con los cuales, cada vez más, se restringe la autonomía de los entes territoriales, y por lo tanto, se logra una re-centralización fiscal.

Entre las medidas que el gobierno nacional implementó durante 2001-2011 para corregir los efectos negativos producidos por el diseño institucional inicial desde lo fiscal, el exceso de deuda pública y fortalecer su capacidad regulatoria, sobresalen el saneamiento de las finanzas e incremento del presupuesto territorial, que incluyó la Ley 617 de 2000, l Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 de 2001, la Ley 819 de 2003, la Ley 1176 de 2007, la Ley 1473 de 2011 y el Acto Legislativo 5 de 2011, por citar algunas. Entonces, durante el período 2001-2011, a medida que se formularon medidas para mejorar los indicadores de desempeño fiscal de los entes territoriales, muchas de las cuales estaban sustentadas en el mal manejo de los recursos públicos y la poca capacidad de gestión, la autonomía de los gobiernos subnacionales se reducía, al tiempo que la regulación, por parte del gobierno nacional, se fortalecía. Finalmente, vale la pena indicar al revisar los resultados sobre desempeño fiscal, necesidades básicas insatisfechas y capacidad institucional de los entes territoriales en el periodo analizado se observa que las medidas re-centralizadoras no han mejorado los ingresos de los gobiernos subnacionales, mientras que sí han corroído su autonomía en decisiones estratégicas.

Si usted desea mayor información sobre esta temática puede consultar el artículo "Re-centralización fiscal en Colombia, 2001-2011" publicado en la revista “Ciudades, Estados y Política” del IEU.  Para tales efectos, ingrese a https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/52450