Colombia: sociedad urbana

El actual proceso de paz entre el Gobierno y las FARC ha girado en torno del sector rural: primero fue el acuerdo titulado “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral", y después el acuerdo sobre participación política cuyo punto concreto principal son las circunscripciones especiales para la Cámara en “zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono” es decir, en regiones predominantemente rurales donde las guerrillas tendrían su fuerza electoral.

Sin embargo Colombia ya no es una sociedad rural, sino fundamentalmente urbana, pues casi el 80 por ciento de la población reside en las ciudades. Incluso parece que está ocurriendo una transformación radical, pues una buena parte de los municipios que hace dos décadas eran predominantemente rurales hoy son mayoritariamente urbanos. Es más: la economía hoy es esencialmente urbana, superando de lejos la economía agraria que predominó en Colombia hasta, digamos, mediados del siglo pasado.
Estas condiciones llevan a un debate de fondo: ¿se verán afectadas las ciudades, y en general todas las zonas urbanas, con el proceso de paz?

Algunos se han apresurado a decir que no, toda vez que la mayoría de los guerrilleros de las FARC no ingresarán como desmovilizados a las grandes ciudades, y que la ubicación de sus milicianos en zonas agropecuarias, quizá dentro del modelo de las zonas de reserva campesina, evitará su traslado a las áreas urbanas.

Este en principio es un buen razonamiento, pero pasa por alto asuntos como las decisiones que puedan tomar algunos desmovilizados, al buscar nuevas opciones en las ciudades, con la esperanza de transformar radicalmente sus vidas y de alcanzar movilidad social.

El conflicto en la ciudad

Más allá de estas circunstancias coyunturales, es necesario indicar, e incluso advertir, que el proceso de paz sí alterará la vida de los centros urbanos, si es que esto no está sucediendo ya. Esto se explica fundamentalmente por tres razones:

1. En todas partes del mundo las ciudades viven procesos característicos de confrontación entre los habitantes y el Estado local por el acceso a servicios, el reconocimiento de derechos sociales y políticos, y la exigencia de derechos de propiedad urbana. Muchos de estos procesos se caracterizan por diversos grados de movilización y se enmarcan dentro de lo que Charles Tilly denominó “las tendencias de la contienda política”, de forma tal que ciertos grados de violencia colectiva suelen estallar y ser parte del pulso entre las autoridades y las movilizaciones ciudadanas.

2. En las ciudades de América Latina suelen formarse grupos dedicados a actividades ilícitas o criminales que le disputan al Estado su control sobre barriadas o territorios: piénsese en los negocios de venta de drogas, en el cobro de extorsiones o en la distribución de mercancías robadas. Esto está relacionado con la consolidación de redes de criminalidad global para las cuales las ciudades son escenarios predilectos. En aquellas ciudades donde el control estatal es precario se establecen con mayor capacidad estos actores que movilizan grandes cantidades de capital y de recursos.

En otras palabras, aun si en Colombia se logra poner fin a la guerra contra las FARC, el contexto de criminalidad global seguirá siendo un incentivo fuerte para la aparición de violencia en las ciudades.

3. Una característica de algunas ciudades colombianas, en esto similares a las mexicanas, consiste en que las áreas urbanas se han convertido en el lugar donde se están desarrollando nuevas formas de actuar y de alianzas criminales entre diversos grupos. Informes y estudios de diferentes organismos de seguridad y entidades de investigación han señalado que facciones de la guerrilla, especialmente de las FARC, se han venido fusionando con las organizaciones denominadas genéricamente como “BACRIM” (“urabeños”, “paisas” y “rastrojos”, sin mencionar otros más).

Esto parece estar sucediendo en ciudades como Medellín, Cali y Tumaco, entre otros lugares. Esta fusión, operativa o estratégica, debe preocupar porque -como se ha visto en el caso mexicano- se puede estar produciendo una alianza con capacidad de reproducir procesos de insurgencia que desafíen al Estado y lleguen a organizar paros armados, a enfrentarse con la fuerza pública haciendo uso de armamento pesado, y aún a establecer zonas de control territorial.

Casos conocidos

Si se examina con atención, puede observarse cómo el conflicto armado colombiano se ha imbricado estrechamente en las ciudades. Un ejemplo conocido es el de Medellín entre finales de los años 1990 y comienzos de los años 2000, donde se vivió la toma de facto del territorio por parte de unidades pertenecientes a las FARC, el ELN, y las autodefensas dirigidas por diferentes “señores de la guerra”.

Entonces el Estado tuvo que optar por la confrontación abierta con todos los actores armados para tratar de recuperar el control territorial. En ese contexto se dio la polémica Operación Orión dentro del área urbana de Medellín.

Sin embargo, y pese al esfuerzo militar realizado en esta ciudad, el Estado, tanto local como nacional, sigue siendo desafiado por diferentes organizaciones ilegales, donde figuran grupos mafiosos, bandas criminales, redes expertas en la venta de droga o en la microextorsión y otras varias agrupaciones de delincuentes.

Aun peor, según informaciones de la Policía Nacional, tanto en Medellín como en Cali el conflicto tiende a transformarse en una guerra híbrida, con la fusión de grupos que parecían contrarios y que ahora se han convertido en una sola organización, con dos o tres nombres diferentes, que mantiene una relación permanente entre sus actividades y delitos urbanos y rurales.

La paz en las ciudades

Por esto es importante indicar que la consolidación del proceso de paz pasa ineludiblemente por las ciudades. Dicho de otra forma, es imposible darle salida creíble al proceso de paz sin que se reforme de manera estratégica el gobierno de las áreas urbanas.

El problema no es solamente diseñar un dispositivo institucional en los gobiernos locales, sino que este esté en consonancia con lo que está sucediendo en las grandes ciudades de otros lugares del continente y del mundo.

En el caso colombiano el problema adquiere una connotación especial, ya que una sociedad en posconflicto requiere un modelo de cohesión social que evite el regreso de la violencia como una forma de obtener prebendas políticas y económicas.

Dado que la mayoría de la población es urbana y que el desarrollo económico ha llevado a que la ciudad sea el centro de generación y acumulación de riqueza, no es posible creer que un grupo armado que ha hecho la guerra por varias décadas se desmovilice y reintegre a la sociedad para mantenerse alejado de las grandes ciudades, en áreas rurales marginales, y sin competir por el poder central.

En las condiciones actuales es evidente que para optar por el poder central es necesario competir dentro de la política urbana y el gobierno de las ciudades. Esta situación es mucho más fuerte cuando los ciudadanos demandan una paz que no sea solo entre los guerreros sino que incluya las realidades de aquellos a quienes necesariamente afectará y que tienen algo que decir al respecto.

Este activismo ciudadano se presenta porque las ciudades son la forma de vida básica en el mundo de hoy. Por eso hay que tomar nota de lo que viene sucediendo en países como México, donde grupos ilegales, ya sean mafiosos, narcotraficantes, o de otra naturaleza, tomaron el control directo de poblaciones pequeñas y medianas. A esto han respondido las fuerzas militares (de forma tardía), pero también se han producido respuestas armadas de civiles (y de otros oportunistas) cansados del vacío institucional.

Es importante tener claro que el futuro está en las ciudades (incluso hay que pensar en fundar ciudades nuevas en los lugares donde se concentren los desmovilizados) y que la consolidación de la paz y la cohesión social implica revisar el significado del gobierno urbano.

* Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular y director del Instituto de Estudios Urbanos - IEU, de la Universidad Nacional de Colombia.