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Mejorar condiciones laborales y de formación: pistas para prevenir el abuso policial

Publicado el Monday, 24 May 2021, en Divulgación académica, Destacados

Estamos en una crisis social en la que quienes han sido llamados a contener y controlar las manifestaciones no son aquellos que la han causado, ni tampoco quienes pueden dar soluciones de fondo. Las primeras instrucciones para responder al descontento de la ciudadanía fueron dirigidas a la fuerza pública, y más concretamente a la policía, a quien ha correspondido enfrentar una situación límite y sin precedentes en la historia reciente del país. El resultado lo conocemos bien a partir de las múltiples imágenes que circulan en redes sociales. 

Colombia contaba para el 2017 con 311 policías por cada 100 mil habitantes y un 49 % de confianza en la institución policial / Foto Juan Barreto AFP

 

Escrito por:
Diego Isaías Peña Porras
PhD en Derecho
Profesor Instituto de Estudios Urbanos
Universidad Nacional de Colombia

Las circunstancias han hecho evidente un conjunto de falencias en el ejercicio de la actividad de policía que llama a reflexionar sobre qué tipo de cambios vale la pena introducir en esa institución. Desde los partidos de oposición se suele llamar al incremento en los sistemas de control, severidad en las sanciones, eliminación de cuerpos como el ESMAD o cambios en la justicia penal militar. Sin descartar algunos de esos puntos, las circunstancias actuales admiten también y con urgencia otro tipo de análisis.   

Demos por descontado que el papel de la policía en cualquier estado democrático es fundamental y que dicha institución se constituye en pieza clave en el engranaje del país. La pregunta no es entonces si debe o no existir la policía o si debe ésta contar con un cuerpo especial de control de disturbios. Son funciones esenciales y básicas en el desarrollo de cualquier democracia. La pregunta tiene que ver más con cómo y qué tipo de personas desarrollan dicha función y cómo es posible que dentro de ellas se encuentren algunas dispuestas a vulnerar seriamente los derechos de los ciudadanos. ¿Qué ideas, valores, representaciones de la realidad social están incorporadas en la mentalidad de aquellos que ejercen tan importante función?

En una reciente nota publicada por el diario El Espectador aparece el dramático relato de una de las madres de las jóvenes que han denunciado abusos de todo tipo en un proceso de detención por parte de agentes de la policía. “¿Por qué no estás en la casa cocinando?”, “bajáte los pantalones pa’ violarte”, “¿Dónde está tu resistencia, mariquita?” “¿Esa es tu resistencia, mechuda, perra hijueputa?”, son algunas de las expresiones que la joven detenida atribuye a los miembros de dicha institución1.

Las expresiones transcritas, aparte de significar evidentes formas de abuso, revelan un ethos patriarcal, autoritario y prejuicioso de algunos de los miembros de la policía nacional. ¿Qué tan extendida es esa perspectiva en esa institución? No lo sabemos. Lo cierto es que, así sean pocos quienes actúan bajo dichos determinantes éticos, manifiestan preocupantes sesgos en su comportamiento que se alejan del ideal de un ejercicio profesional del servicio policial. Son expresiones que traslucen la naturalización de la discriminación y un fuerte desdeño a la libertad y dignidad humanas.  

¿A qué podemos atribuir esa condición? Contamos con un discurso oficial y una demanda ciudadana que suele reclamar más presencia policial. Persiste en la población la sensación de mayor seguridad a mayor número de policías. Ello provoca la presión por incorporar un gran número de efectivos y tenerlos en calle en el menor tiempo posible sin importar sus condiciones laborales y de formación. Sin embargo, a partir de análisis comparados parece claro que no existe relación directa entre una y otra cosa. Países como Islandia, Alemania y el Reino Unido, con menos de 300 policías por cada 100 mil habitantes, tienen buenos niveles de percepción y aceptación ciudadana2. En sentido inverso, estados como México y Argentina, con 316 y 614 policías por cada 100 mil habitantes, respectivamente, tienen pésimos niveles de confianza (37% y 28%). Colombia, contaba para el 2017 con 311 policías por cada 100 mil habitantes y un 49% de confianza en la institución policial (Casas et al., 2018). Un índice muy bajo frente a las cifras de países europeos, pero superior al de varios países latinoamericanos.  Adicionemos que mientras en países como España y el Reino Unido los procesos de formación de la policía demoran entre dos y dos años y medio (Inzunza & Wikström, 2020), en Colombia se exige solo uno para ser patrullero. 

El caso de los países europeos se explica por supuesto porque se trata de sociedades que han entendido que la mejor forma de prevenir conflictividad es a través de sistemas adecuados de distribución de la riqueza y mecanismos complejos de prevención del delito. Menos aviones de guerra, más atención a poblaciones vulnerables y tratamiento focalizado del crimen. Pero no solo es eso. En cuanto más rigor en la incorporación policial, mejor formación y mejores condiciones laborales de la policía, más posibilidades de un mejor servicio policial que incluya relaciones basadas en el respeto por las libertades y derechos de los ciudadanos. Vale más un policía incorporado bajo altos estándares, bien formado y con buenas condiciones laborales, que tres sin un tamiz estricto de incorporación, instruidos de forma veloz y en situación laboral precaria.  

Por otra parte, cuando se habla de formación policial es común la demanda por mayor instrucción en materia de derechos humanos y a la par una respuesta institucional que alienta la oferta de cursos en la materia. Sin embargo, lo que se refleja en algunas manifestaciones de la práctica policial no se corresponde con el esfuerzo realizado. ¿A qué se debe? 

¿Necesitamos un policía que enumere los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, o el catálogo de derechos fundamentales de nuestra Constitución? Ello resulta no solo insuficiente sino innecesario e ineficaz, si no se identifican estructuras de formación que permita a los uniformados interiorizar en su vida diaria, en su toma de decisiones y en su condición moral, el pleno sentido del respeto por la dignidad humana y las libertades individuales. Un paso solo posible con un entrenamiento adecuado orientado a generar empatía sin perder autoridad, que fortalezca capacidades para una correcta comprensión del conflicto y habilidades para contener, controlar y garantizar el orden sin vulnerar los derechos de quienes lo alteran. 

La salida implica un enorme desafío. Es una tarea difícil que requiere los mayores estándares de formación, dentro de los cuales sea posible trascender al menos dos aspectos: 1. Superar los rígidos cercos de la academia policial y abrir espacios para un diálogo con instancias de educación universitaria pública o privada. 2. Moderar el énfasis formativo basado en la técnica policial y no en la deconstrucción de patrones culturales e imaginarios institucionales en los que se erigen prejuicios y estigmas que laceran una intervención policial protectora.  

1https://www.elespectador.com/investigacion/entre-seis-policias-volvieron-trizas-la-dignidad-de-mi-hija-mama-de-denunciante-en-popayan/

2https://elordenmundial.com/mapas/paises-mas-policias-union-europea/ 

 

Referencias

Casas, K., Gonzales, P., & Mesías, L. (2018). La transformación policías para 2030 en América Latina. BID, El Diálogo.

Inzunza, M., & Wikström, C. (2020). European police recruits’ views on ideal personal characteristics of a police officer. Policing and Society, 30(10).

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    Las opiniones contenidas en este artículo no expresan la posición institucional del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.

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