Por: David Soto González*

La dimensión Territorial Integrada

La aplicación de las políticas territoriales en el país ha estado dominada por la presencia de perspectivas e intereses individuales, sectoriales y económicos, que sumados a la división de las responsabilidades y las competencias administrativas en los órganos de gobierno locales y regionales, ha dificultado la construcción y aplicación de una visión de desarrollo territorial articulado y ordenado, como lo plantea la Constitución Política de 1991 y las diferentes normas sobre ordenamiento y planificación del territorio. Olvidando con ello, lo dispuesto en el artículo 209 Constitucional que plantea que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, en ejercicio de la función administrativa, la cual está al servicio de los intereses generales de los ciudadanos y los fines esenciales del Estado Social de Derecho. 

En ese sentido, no siempre ha sido posible la implementación en las políticas públicas del país de una dimensión territorial integrada, aquella en la que el ordenamiento y planificación del territorio se concibe y distribuye de manera coordinada y armónica entre las diferentes entidades territoriales (municipios), que comparten un espacio geográfico con características sociales, ambientales, culturales y relaciones económicas interdependientes. 

No obstante, esta mirada de desarrollo territorial individual viene siendo reevaluada por los tomadores de decisión, quienes ante ejemplos de aplicación exitosa de sinergias político-administrativas de desarrollo urbano coordinado -como lo son las Áreas Metropolitanas-, entienden cada vez más la necesidad de incorporar la integralidad en el enfoque de desarrollo del territorio en las decisiones de política pública, ideando y diseñando planes, programas y proyectos que a partir de una agenda territorial concertada entre los entes municipales permita el fortalecimiento progresivo del bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la consolidación de un territorio bajo una estrategia de gobernanza, cohesión social y desarrollo armónico y equilibrado con el medioambiente. 

Una excelente aplicación de la dimensión territorial integrada en la planificación de un territorio interrelacionado, es el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial "El Valle De Aburrá Un Territorio Integrado Sostenible", que piensa el crecimiento territorial, social y económico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá desde la perspectiva ecológica y ambiental.  Este instrumento de superior jerarquía que se convierte en marco estratégico general de todo el desarrollo territorial, entiende que de las sinergias político-administrativas que se construyen en las áreas integradas, las más necesarias son los ejercicios coordinados entre las diferentes Autoridades Ambientales que confluyen en un espacio geográfico multiconectado ambiental, social y económicamente. 

Sinergias Ambientales en el Valle de Aburrá

Las Sinergias administrativo-ambientales son elementales en la medida en que la naturaleza no entiende de límites o divisiones político-administrativas y el ordenamiento jurídico ha otorgado un grado elevado y protegido de autonomía a las Corporaciones Autónomas Regionales; pero al mismo tiempo, ha permitido que los grandes centros urbanos con poblaciones superiores a un millón de habitantes, ejerzan en el perímetro urbano la Autoridad Ambiental -artículo 63 de la Ley 99 de 1993-.  Significa esto que en una misma ciudad existen dos autoridades ambientales tomando decisiones, una sobre las áreas incluidas dentro del perímetro urbano y la otra sobre las áreas rurales y los suelos de expansión urbana. 

De esta manera, desde la perspectiva competencial y de organización político-administrativa el artículo 63 de la Ley 99 de 1993 ha planteado un profundo reto político, que ha sido necesario superar para lograr los fines constitucionales relacionados con la gestión integral de los recursos naturales, la protección y conservación del medio ambiente y la edificación de ciudades y comunidades sostenibles. Debe decirse, que las relaciones político-ambientales que se han construido a lo largo del Valle del Río Aburrá no siempre han sido tranquilas y armónicas; en dicho Valle confluyen dos Entidades Ambientales con importante poder político, económico y de decisión en el desarrollo de Antioquia. 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia cuya jurisdicción comprende 80 de los 125 municipios que tiene Antioquia, incluidas las áreas rurales de Medellín y sus municipios vecinos y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que tiene jurisdicción sobre Medellín y los nueve municipios que conforman el conglomerado urbano del Valle del río Aburrá, el área económica más importante y poderosa de Antioquia y la segunda del país; se han relacionado desde la creación de la primera, sufriendo una serie de encuentros y desencuentros a lo largo de los años. 

Ni las demandas por recursos económicos que conforman las rentas de las Autoridades Ambientales, ni el traslado de competencias en virtud de la expedición del Decreto Ley 141 de 2011 -Declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-276 de 2011-, ni tampoco la incorporación del Municipio de Envigado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que afectó la jurisdicción de Corantioquia, han impedido que hoy se trabaje conjuntamente en el afianzamiento de una Región Metropolitana, como una estrategia eficiente para el ordenamiento y planificación ambiental del territorio, que a partir del fortalecimiento, cooperación y la colaboración armónica institucional, permite desarrollar sosteniblemente un territorio con importantes características ecosistémicas y elevados desafíos ambientales, como es el tema de los episodios de contaminación atmosférica. 

Tanto Corantioquia, como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, han comprendido que la verdadera inclusión, equidad y justicia ambiental en las ciudades no solo debe entenderse desde la perspectiva económica, social o política. El gran reto que hoy representa el desarrollo territorial de las regiones urbano-rurales en donde confluyen dos o más autoridades ambientales, es lograr la competitividad ambiental del territorio, que contribuya a la valorización y desarrollo socio-económico y humano de las comunidades, pero al mismo tiempo garantice la conservación y la renovación de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. 

Los espacios con mayores necesidades y retos ambientales se encuentran ubicados en las áreas urbanas, lo que no implica que las Autoridades Ambientales que ejercen jurisdicción en las áreas rurales no puedan o deban intervenir en la estructuración y ejecución de soluciones ambientales, puesto que las áreas rurales de los grandes conglomerados urbanos también se ven afectadas, en la medida en que aportan los servicios ecosistémicos que demandan las ciudades.  Solo a través de la coordinación administrativa entre las Autoridades Ambientales, se puede superar de manera eficaz, efectiva y legítima esa dicotomía que existe entre desarrollo económico y social versus la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Acción conjunta y coordinada de los asuntos ambientales

Uno de los principios que la Ley 99 de 1993 ha desarrollado como generales de la política ambiental colombiana, en su artículo primero, es el de la acción conjunta y coordinada de los asuntos ambientales:

"(…) La acción para la protección y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado (…)"

En virtud de lo anterior, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia, han cumplido con este principio, así como con el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, superando las diferencias políticas que a veces pueden existir entre sus administraciones y trabajando de manera conjunta en la protección y conservación del medio ambiente y fortalecimiento del ejercicio de la Autoridad Ambiental en la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Para ello, dichas entidades han suscrito diversos convenios interadministrativos que han apostado por la cultura y educación ambiental, la movilidad sostenible, la gestión integrada del medioambiente y la adaptación y mitigación del cambio climático; también han diseñado, formulado y ejecutado planes y programas conjuntos relacionados con la administración, ordenamiento y planificación de los recursos naturales, como el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca -POMCA- Del Río Aburrá;  a su vez han participado en la aplicación de políticas y estrategias para solucionar la emergencia por contaminación atmosférica que se genera año a año y otros tantos retos que se presentan a lo largo y ancho del Valle Conurbado -el más densamente poblado del mundo-; asimismo han participado en los programas de producción y consumo sostenible que se han firmado con los gremios buscando el equilibrio sustentable del territorio;  además han asumido las competencias relacionadas con la gestión y mitigación del riesgo e intervenido de manera coordinada en la concertación de los asuntos ambientales de los Planes de Ordenamiento territorial de las ciudades que integran la metrópolis del Valle de Aburrá.

Todo esto ha permitido que en Medellín y los nueve municipios que hacen parte su área metropolitana, se esté caminando hacia la construcción y articulación de procesos con una visión que busca integrar las políticas, estrategias y diferentes instrumentos de desarrollo territorial. Lo que ha ayudado a mejorar las condiciones y características ambientales de la región metropolitana, sin desconocer que aún faltan esfuerzos necesarios por realizar, pues el dinamismo de las cuestiones ambientales nos plantea día a día desafíos enormes para la sostenibilidad de las ciudades, pero sobre todo para la estructuración de una ecosociedad que se relacione de manera consciente con el medioambiente, haciendo las transformaciones y transiciones ecológicas necesarias para garantizar la supervivencia de la humanidad en armonía con el patrimonio natural. Sin duda, la transición energética hacia las energías renovables es la tarea más importante que deben asumir hoy las Autoridades Ambientales del Valle de Aburrá, si se quiere construir una verdadera y equitativa justicia ambiental.