Escrito por:
**Evelyn Donoso Herrera
***Yesenia Donoso Herrera
Estudiantes de la Maestría en Gobierno Urbano del IEU

En el proceso de formación de las ciudades colombianas, las aglomeraciones han incorporado a sus territorios extensas áreas rurales que en algunos casos hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como es el caso de los Páramos. Estos territorios, se han incorporado bajo la expectativa de que permitan el abastecimiento de recursos naturales necesarios para la subsistencia y productividad de las grandes urbes. 

En el caso de Bogotá, mediante el Acuerdo Distrital 9 de 1986 se creó la “Alcaldía Menor Rural de Sumapaz”, con lo que se incorporaron 78.000 hectáreas al suelo del Distrito Capital, de las cuales, una buena parte se encuentra en jurisdicción del Parque Nacional Natural-PNN Sumapaz. Gracias a esta gran porción de tierra, la ciudad extendió sus límites por el oriente hasta el municipio de La Uribe en el departamento del Meta y hasta el municipio de Colombia en el Departamento del Huila. 

Este gran territorio, además se constituye en el páramo más grande del mundo; con un papel ecológico fundamental, pues conforma la estrella fluvial del centro del país, sirviendo de línea divisoria entre las vertientes del río Orinoco por el Oriente y del río Magdalena por el occidente. 

Esta localidad no limita con el perímetro urbano de la ciudad, siendo su límite más próximo, las ruralidades de Usme y Ciudad Bolívar. De esta manera, no cuenta con áreas de manejo de borde o franjas paralelas al perímetro urbano, lo que supone una particularidad especial al ser completamente rural. 

De acuerdo con datos oficiales, su población se aproxima a los 7.457 habitantes; sin embargo, la Secretaría de Salud indica que la población podría llegar a los 2.599 habitantes, distribuidos el 53.5% en la cuenca del Río Sumapaz y el 46.5% en la Cuenca del Río Blanco. 

Este reducido número de pobladores, ocupa cerca del 72 % del área total de la Capital de Colombia, y por supuesto, demandan la prestación de todos los servicios a cargo del Estado. Así las cosas, los requerimientos en términos de educación (desde la educación preescolar a la superior), la salud, el empleo, la movilidad y la conectividad deben ser resueltos para quienes habitan el territorio, lo que obliga a que el gobierno de la ciudad adopte instrumentos de planificación que garanticen la subsistencia de los pobladores, a la vez que garanticen la preservación del ecosistema. 

Los instrumentos de planificación urbana con los que cuenta Bogotá, responden a las necesidades de la aglomeración de la capital, pero no así a las necesidades sociales y culturales de los pobladores de la región del Sumapaz. 

Bogotá tiene una realidad geográficamente rural pero demográficamente urbana, ya que el 23 % de suelo urbano, concentra el 99.9% de la población. Esta situación, conlleva a que las políticas de planificación atiendan las necesidades de la aglomeración, dejando de lado las particularidades del extenso territorio rural. 

En el año 2004, mediante el Decreto Distrital 190, se compilaron las normas de ordenamiento territorial para la ciudad, y en él se proyectó la consolidación de dos piezas rurales que serían la Unidad de Planeamiento Rural -UPR Río Sumapaz y la UPR Río Blanco, atendiendo a la marcada diferenciación geográfica que supone el encuentro de las cuencas provenientes del Orinoco y el Magdalena. 

Sin embargo, esta proyección de UPR no se materializaría sino hasta finales del año 2015 sin que a la fecha se hayan podido desarrollar los proyectos allí establecidos. Con el paso del tiempo, se fueron evidenciando las limitaciones que tienen las autoridades públicas no solo para ejercer el control del territorio, sino para ejecutar los proyectos que se planificaron, pues se plantearon de manera homóloga con las localidades urbanas de la ciudad. 

Las estructuras de planificación de las piezas rurales del Sumapaz, conservaron en gran medida los planteamientos precarios del periodo colonial y post colonial en el que se consolidó la Colonia Agrícola del Sumapaz en 1928. Este modelo, contó con un esquema urbano que contemplaba una iglesia, un hospital, una escuela y la casa del colono, así como un sistema productivo basado en el ganado vacuno, el ganado aviar y mular, las aves de corral y los cerdos, que aún hoy son los principales esquemas productivos del territorio.

Esta situación generó limitantes que, sumadas a la ausencia de claridades administrativas y a la falta de modernización del POT, han impedido un desarrollo organizado que ponga en equilibrio el ecosistema con las necesidades de la población. 

Un ejemplo de estas limitaciones, es lo sucedido con los acueductos veredales que viene discutiéndose hace varios años en la localidad. La legislación y normatividad colombiana indican que un paso necesario para definir las servidumbres, es el proceso administrativo de imposición de las mismas. Sobre este particular ninguna autoridad resolvió hasta el año 2015, la competencia para adelantar dicho proceso., Pasaron 11 años sin que el gobierno de la ciudad tomara medidas que permitieran la ejecución efectiva de esas metas. 

El mismo POT además, pone de manifiesto la función de servicio del páramo para la gran ciudad. El artículo 204 incluyó un proyecto de abastecimiento y tratamiento de agua potable denominado “Proyecto Sumapaz” que busca, o bien desviar las aguas del río Blanco hacia la cuenca del Tunjuelo para construir el Embalse Chisacá II, o desviar el caudal del río Blanco y río Ariari a la cuenca del Muña para construir el embalse alto Muña. En cualquiera de estas dos circunstancias, este planteamiento corresponde a la necesidad de abastecer el servicio de agua potable a la densa comunidad urbana, afectando de manera directa la vertiente del río Blanco que pertenece a la Cuenca del río Orinoco y que juega un papel fundamental en la consolidación del sistema hídrico del páramo más grande del mundo.

Otro gran ejemplo es lo sucedido con la “Troncal Bolivariana” que se constituye en la única vía de acceso desde el perímetro urbano en Usme hasta la Localidad 20. Esta vía no se puede pavimentar pues gran parte de su extensión se encuentra en el PNN Sumapaz, por lo que el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá ha tramitado un Plan de Manejo Ambiental (equivalente a una licencia Ambiental) para su intervención. Este proceso se inició en el año 2001, mediante resolución 1069 de ese año del Ministerio de Ambiente, sin que a la fecha se haya definido algo al respecto. Sumado a ello, solo hasta 2016 en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá, Mejor para todos”, se incluyó una meta específica para la malla vial rural, lo que viabilizó recursos para esta vía, sin que estos sean suficientes para atender los más de 72 km con que cuenta este corredor vial. 

También así, en la localidad funcionan tres corregidurías que están separadas por grandes distancias y que funcionan “en línea” con las estructuras administrativas urbanas, sin considerar que en el territorio hay un fuerte problema de cobertura en conectividad que se agrava por la topografía del terreno.

En la misma lógica, puede analizarse el proyecto asociado a la prestación del servicio de gas natural domiciliario contenido en los Decretos de UPR. Este es absolutamente abstracto, pues no define las líneas de gasoductos o las posibilidades concretas de conectarse con las líneas de dispersión de gas en Bogotá o la que resultara más cercana. 

Así mismo, el sistema de movilidad se ha pensado desde la lógica de un complejo urbano. Sumado al tema de las vías, se ha planificado el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) bajo la lógica de la ciudad urbana con sistemas de unificación de pagos, paraderos, tarjetas integradas, optimización de rutas y recorridos, garantizando más viajes en menor tiempo y para un mayor número de usuarios. La idea de este sistema, fue especialmente eliminar la famosa “guerra del centavo”.

Ese planteamiento del SITP no contempló para la ruralidad las distancias, el costo por viaje, el hecho de que no existiera “guerra del centavo”, las frecuencias que están en funcionamiento, y que en Sumapaz no existe el Transporte Público Colectivo sino una empresa privada intermunicipal. Este sistema, en la normatividad para la ruralidad, contempló además un subsistema complementario de ciclo Rutas y sistemas peatonales que no tuvo en cuenta que el concepto de peatón debe ser replanteado por las dinámicas propias de los campesinos, así como debe considerarse que el vehículo complementario más usado no es la bicicleta sino el caballo. 

El último ejemplo que abordamos, es lo que sucede con la prestación del servicio público de aseo, en el que no se pueden implementar todos los componentes de recolección, barrido, aprovechamiento, limpieza de áreas públicas, corte de césped y poda de árboles. En este caso, las distancias también implican un reto, ya que los camiones recolectores deben hacer recorridos de aproximadamente 60Km en vacío. Fue solo hasta el año 2017 que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos incorporó por primera vez al proceso de licitación del servicio para Bogotá, un anexo que regulara las condiciones de prestación del servicio en las áreas rurales, especificando las particularidades de la Localidad de Sumapaz. 

Los ejemplos presentados, permiten concluir que la planificación territorial merece enfoques diferenciales. Si bien la ciudad ha sido comprendida en tanto aglomeración, debe tenerse claro que las áreas rurales no son solo su hinterland, sino que hacen parte de la ciudad misma. Los territorios rurales sin borde urbano, que hacen parte del conjunto de la ciudad, presentan por lo general una convergencia de instituciones de todos los niveles, que implican una articulación distinta a las zonas que se encuentran en el perímetro urbano; por lo tanto, vale la pena reflexionar si los instrumentos de planificación territorial que fueron diseñados para lo urbano, resultan efectivos respecto de las necesidades de las comunidades y los territorios rurales. 

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