Carlos Alfonso Victoria*
Profesor asociado a la Facultad de Ciencias Ambientales
Universidad Tecnológica de Pereira 

La dimensión socio ambiental del ordenamiento territorial del Área Metropolitana de Centro Occidente, especialmente en Dosquebradas y Pereira, está atravesando un auténtico caos por la puja entre las autoridades encargadas de la sostenibilidad urbana y los intereses, cada vez más agresivos, del capital en áreas de riesgo e importancia ecológica. En medio de estas circunstancias se viene empoderando una ciudadanía cada vez más indignada. Sin embargo, el saldo sigue siendo preocupante. La mentalidad desarrollista del siglo pasado no se compadece con los dilemas ambientales del presente.  

No hay día en que no se escuchen denuncias de intervención de cauces, franjas de protección y pequeños reductos ecológicos. A este torbellino se han sumado las amenazas de muerte en contra de reconocidas dirigentes que se oponen a dichos abusos. Curiosamente el POT vigente redujo el área suburbana en 5.000 hectáreas que, en teoría, se  reintegran al suelo rural. Con ello se reduciría la presión por los suelos protegidos. Al tiempo impuso los llamados “deberes urbanísticos”: un fondo con el cual el gobierno anterior rehabilitó y construyó algunos parques. Estas bondades se ven empañadas cuando la huella urbana de la ciudad solo es del 4 % de su superficie.

Pájaro Barranquero en Pereira / Foto Carlos Victoria

Según algunos denunciantes la presión urbanizadora y la laxitud oficial frente a las quebradas urbanas están asociadas a dos resoluciones emitidas 

por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, que en la práctica relativizan la franja de protección de 30 metros de los cauces por su fisiografía. Si es en “V” o en “U”; si está canalizada o no, y por el tipo de pendientes. Esta largueza normativa deja a criterio de la entidad y sus funcionarios el uso de las franjas de protección. Ambas resoluciones fueron demandadas por la Procuraduría Agraria. Para los observadores, el problema es que la corrupción estaría detrás de dicha acidia. Los entes de control investigan si dichas providencias fueron redactadas por los mismos interesados. 

Un poco de historia

Desde antes de 1863, año de la fundación oficial de Pereira, la ocupación y poblamiento del territorio se suscitó del centro a la periferia, entre la margen izquierda del río Otún y la margen derecha del Consota, dos afluentes que corren de oriente a occidente, el primero buscando el río Cauca y el segundo las aguas del río La Vieja. Como en otras tantas ciudades de Colombia, ambos afluentes han servido de alcantarillas. Investigaciones recientes afirman que en menos de ciento cincuenta años han desaparecido igual número de quebradas entre ambas cuencas, mientras que agonizan las pocas que quedan como Egoyá y La Arenosa, dos corrientes emblemáticas pero canalizadas y cubiertas por las distintas administraciones municipales para permitir el desarrollo vial y la construcción de edificaciones. El terremoto de comienzos de 1999 que afectó al eje cafetero puso al descubierto los efectos de las aguas de Egoyá sobre las bases de muchos inmuebles que se vinieron al sueldo provocando la pérdida de vidas humanas. 

Después de la segunda mitad del siglo pasado, Pereira ha experimentado varias oleadas migratorias que fueron complejizando la trama urbana. La primera de ellas se produjo como resultado del periodo de la Violencia en la década de los cincuenta. Así surgieron dos polos simbólicos: el barrio Cuba al suroccidente y a orillas del río Consota, y Alfonso López, al oriente, al borde del Otún. Luego vino la ocupación de los andenes de las paralelas del ferrocarril, cuando este comenzó a languidecer. Los asentamientos de Nacederos, Esperanza Galicia, Puerto Caldas y Caimalito se convirtieron en refugio de una masa hambrienta y desposeída de compatriotas en busca de oportunidades de trabajo. Más tarde, en la década de los ochenta, las colinas orientales fueron tomadas por miles de desplazados de las “nuevas” violencias dando forma al complejo de Villa Santa Ana, el cual se fue expandiendo aún más, dando paso a los llamados barrios de reubicación como Tokio y El Remanso.

La localización geoestratégica del área metropolitana Pereira-Dosquebradas-La Virginia, en el centro occidente colombiano, ha sido una especie de “imán” en la medida en que atrae todo tipo de factores, convirtiendo el espacio en un campo de fuerza en el que entran en disputa muchos intereses por parte de una amplia gama de capitales. Del que más se siente orgulloso la clase dirigente de la ciudad es el que durante buena parte del siglo pasado provino de la acumulación cafetera, irrigándose en la industria manufacturera y metalmecánica, y el comercio. Las recurrentes crisis cafeteras provocaron, desde finales del siglo pasado, un éxodo de miles de cabezas de hogar y luego de sus familias a Estados Unidos y España, principalmente. Buena parte del ahorro se dirigió a la compra de vivienda nueva, a través de remesas que, de alguna manera, ha permitido el sostenimiento de la economía local. Ante el desempleo estructural, por cuenta de la globalización neoliberal, la crisis del sector primario, las remesas sustituyeron el ingreso cafetero.

Algún día la historia urbana y ambiental de la ciudad dirá en el futuro que el caos urbanístico y ecológico de Pereira fue el resultado de la racionalidad rentista que desplazó la racionalidad ambiental, poniendo en evidencia una crisis de la ocupación del territorio que, entre otras cosas, ha provocado tragedias como la sucedida en El Portal de la Villa, junto a la cabecera occidental del aeropuerto internacional Matecaña, donde los constructores lograron obtener una licencia que dejó múltiples interrogantes con respecto a las características de los suelos. Este caso sumado a otros de remoción en masa como los ocurridos en Dosquebradas han puesto al descubierto el desamparo en el que se encuentran los ciudadanos que de buena fe compran vivienda sin que tengan certeza sobre los posibles riesgos a los que se exponen sus vidas e inmuebles en un futuro.

El proceso de planificación urbana con base en el ordenamiento territorial y los usos del suelo respectivos ha sido poco transparente y moralmente indeseable desde la perspectiva ecológica. ¿Cómo se explica que en una ciudad como Pereira se hayan aprobado 43 planes parciales y en  Bogotá 34? ¿Cómo aceptar que la Carder emita resoluciones de aprovechamiento forestal bajo la controvertida fórmula de la compensación ambiental, en áreas de protección y articuladas a la estructura ecológica principal? ¿Cuál es el papel ambiental de las curadurías urbanas frente a otras instancias de la Alcaldía como la oficina de Control Físico, por ejemplo? 

Tala de árbol el arenoso en Pereira / Foto Adriana Jaramillo

En la atmósfera local prolifera la percepción que las políticas de ordenamiento territorial, consagradas en el Acuerdo No.035 del 11 de octubre de 2016 “Por medio del cual se adopta la revisión de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira”, demandado infructuosamente por el gremio de los constructores, no han logrado atajar la llamada dinámica urbanizadora. La expansión del capital financiero pareciera que no tuviese límites. En ese sentido considero que asistimos a una recolonización del espacio por parte de intereses que no se guían por el principio de precaución ambiental. 

Mientras la transparencia esté ausente de la decisiones ambientales, el conflicto se agudizará; más aún cuando la tentación desarrollista se cierne sobre el futuro de los predios que hoy ocupa el batallón San Mateo, en inmediaciones del aeropuerto internacional Matecaña, bajo la esperanza ciudadana que se transforme en un gran parque metropolitano. O cuando las motosierras sigan derribando árboles como un higueron de más de sesenta años, en la margen izquierda de la quebrada “La Arenosa”, en el barrio Los Alpes, en medio del llanto de mujeres y el clamor de los jóvenes del vecindario. 

En síntesis, Pereira hoy se enfrenta a la contradicción, como plantea David Harvey, entre la “producción del espacio” y la “producción de naturaleza”. El problema es que en este juego “las poblaciones pierden en la práctica toda posibilidad de control y de acción sobre los territorios que están abocadas a habitar” (Grünig, 2018). Colectivos como Zentinelas del Bosque en el barrio Los Álamos están demostrando que lo pueden impedir, mientras que otros han iniciado su proceso de organización para atajar la avalancha de cemento. 

Referencias

- Rolnik, Raquel, La Guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas, Santiago de Chile, ediciones LOM, 2017.

- Harvey, David, Justicia, naturaleza y geografía de la diferencia, Madrid, Traficantes de sueños, 2018.

- Grünig, Silvia, Ivan Illich y la ciudad convivial, La Factoría, 20 de diciembre de 2018.

- El Tiempo - Eje Cafetero-, “En el guadual sí hay un nacimiento de agua: Carder”, sábado 6 de octubre de 2018, p. 3.C. 

- El Expreso, Victoria para Zentinelas del Bosque de Álamos, Coldecón no construirá, Pereira, 30 de marzo de 2019. 

- El Tiempo, Empresa que construyó Portal de la Villa habló de causas del derrumbe. Gerenciar defendió su “rigurosidad”. Para Ministra hay fallas de ordenamiento territorial,  Pereira, 11 de julio de 2019.

- El Diario, Tala de El Arenoso causa indignación entre la comunidad, Pereira, miércoles 3 de febrero de 2021, p. 4.

- Entrevista a Hernán Roberto Meneses, Pereira, 1 de febrero de 2021. 

- Entrevista a Ana María Durango, Pereira, Pereira, 10 de febrero de 2021.