El proyecto de reforma tributaria que presentó el presidente Iván Duque al Congreso de la República buscaba recaudar 23,4 billones de pesos, equivalentes a un 2 % del PIB. Una reforma que según el gobierno nacional es clave para la economía del país dado el enorme gasto público que han implicado los programas sociales implementados durante la pandemia, pero que fue rechazada por la mayoría de la población y desató una oleada de manifestaciones en todo el país. 

¿Cuál es la responsabilidad en esta crisis de la política económica del gobierno y de la estructura fiscal del país?

Hablamos de problemas de institucionalidad y gobernanza. La propuesta que hizo el gobierno nacional de reforma tributaria apuntaba a dos cosas: suplir el déficit del Estado y solucionar el crecimiento económico, en beneficio de programas sociales y con el fin de de resolver problemas de los sectores más vulnerables. Si bien la gobernanza no es una condición para formular políticas públicas y en particular políticas económicas, sí es un factor que posibilita las opciones en la toma de decisiones. 

Se tardó mucho tiempo para retirar el proyecto de reforma tributaria cuando ya se habían manifestado alertas en el sentido de que muchos sectores de la producción, movimientos sociales, distintos gremios y partidos políticos, entre otros, habían llamado la atención sobre las dificultades de ese proyecto en medio de la situación actual. 

En materia de política económica es evidente que entre más consenso haya en las formulaciones, mejor entorno y más proactiva es la toma de decisiones. En medio de esta crisis no solamente son los sectores productivos los afectados, es evidente que son muchos grupos sociales los igualmente impactados y los datos del Dane así lo reflejan: más de 3 millones de personas en condición de pobreza y altas tasas de desempleo. No incorporar otras voces en el proceso de concertación de un acuerdo fiscal hace que el proceso sea difícil. En un contexto tan complejo como el actual, pretender que las políticas que buscan mitigar el impacto de la crisis para los sectores más vulnerables se recargue en otro sector vulnerable, es decir, una clase media que tiene menos posibilidades de reaccionar o de resiliencia y no en grupos que tendrían mayor capacidad de solventar esa crisis fiscal, es un error. Es fundamental pensar en la gobernanza en el marco de soluciones al déficit fiscal y el crecimiento económico.

¿Cuáles son las razones generales que han llevado a esta coyuntura fiscal?

Algunos expertos llaman la atención sobre la necesidad de una reforma fiscal y no tributaria, en el sentido de que la estructura fiscal del país es bastante inequitativa y cada vez está peor. La reforma previa que hizo el actual gobierno generó una serie de tensiones entre los agentes económicos que no podían tributar con facilidad, mientras que otros sectores que tienen mayor capacidad no lo están haciendo en la proporción que debería. La estructura fiscal es muy inequitativa. Las estadísticas actuales ocultan la real distribución del ingreso en el país y eso complejiza identificar los agentes que realmente concentran el ingreso para que de la misma manera tributen. 

¿Transformar la política fiscal del país por una más equitativa es viable en un contexto como el actual? 

Hace muchos años se hablaba de una especie de pacto fiscal y eso es lo fundamental. Tenemos una situación grave de pobreza en el país y eso debería llevarnos a sensibilizar en términos de encontrar consensos adecuados. Está claro que aquí todos deben aportar, pero de acuerdo a sus capacidades. Por tanto habría que llegar a un consenso fiscal en el cual sinceremos el presupuesto de la Nación, en el sentido que quienes tienen la capacidad de tributar de manera significativa, lo hagan; una serie de agentes económicos estarían en posibilidad de tributar mucho más de lo que hacen teniendo en cuenta la alta concentración de capital en el país. Esto no quiere decir que no haya un compromiso por parte de los otros agentes económicos. Un pacto fiscal supone como contraparte que haya menos corrupción, más transparencia en el uso de los recursos, austeridad en el gasto y/o priorización de los gastos públicos en dirección al desarrollo social del país. Se llega a un acuerdo fiscal no solamente en términos de quiénes tributan sino de cómo se establecen las prioridades del gasto público y cómo se controlan los agentes económicos para que tributen y no evadan impuestos. 

Un elemento central, aunque es una discusión entre expertos, es que para enfrentar las crisis económicas se tiene que reactivar el consumo principalmente y no simplemente proteger la producción; mejorar el ingreso de los hogares es esencial. 

¿Qué fuentes alternativas a las tributarias podrían utilizarse para resolver los problemas fiscales del país?

Aquí podríamos abordar ámbitos que incluso escaparían al entorno nacional. Pero si nos referimos a las decisiones del gobierno, es claro que el gobierno se ha endeudado y tiene que seguir haciéndolo, no hay otra opción. Esto supone pensar en un mejor entorno económico: yo me endeudo ahora porque voy a poder invertir en mi economía para que genere ingresos y tarde o temprano voy a estar en condiciones de saldar las deudas. Hay un temor en relación a que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, pero ahí también hay espacios de negociación. El gobierno puede hacer un lobby importante frente a los organismos internacionales, puede buscar estrategias y alianzas con países de la región o países con economías similares, esa también es una responsabilidad de quien maneja el Estado.