Sabina Gómez Puentes*

Desde los primeros debates, la creación de un área o región metropolitana entre Bogotá y los municipios de la Sabana tuvo como objetivo viabilizar la implementación de proyectos entre Bogotá y los municipios vecinos, es decir, contar con una figura jurídica que permitiera el desarrollo de proyectos conjuntos entre la ciudad principal y su área de influencia. 

El artículo publicado en Ciudades, Estados y Política plantea la pregunta ¿Qué pasa con la política? ¿De qué manera la figura de una región metropolitana atiende las tensiones, oposiciones y, en general, las diferencias políticas que se presentan en un territorio heterogéneo como lo es un territorio metropolitano? Más que responder la pregunta o adelantar un análisis normativo - ya que en el año de su publicación aún no existía la Ley 2199 de 2022- el artículo buscaba mostrar la importancia de considerar lo metropolitano también como un fenómeno político, y de mostrar las falencias que existen si la figura jurídica centrada en proyectos no se acompaña con una idea más robusta de gobierno metropolitano.

La inquietud parte de una premisa básica: fenómenos como la segregación racial en el acceso a la vivienda característica de la ciudad de Detroit, o la exclusión social de los grupos más pobres presente en Monterrey, se expandieron a sus áreas de influencia y ahora se presentan en toda la aglomeración metropolitana, sin que los esquemas de gobierno adoptados puedan revertir o transformar estas tendencias. (Garza, Filion, & Sands, 2003). La metropolización tiende a trasladar a una nueva escala, más amplia y compleja, las problemáticas socioeconómicas y ambientales que ya se evidenciaban en la ciudad principal. El caso de Bogotá no es muy diferente a los mencionados, en los que los patrones de segregación socioeconómica residencial empiezan a involucrar los municipios de la Sabana. 

A esto se suma una singularidad de los gobiernos urbanos: uno de sus principales objetivos es crear mecanismos efectivos para un uso y apropiación del suelo en los que prime el interés público. Y es este último, el interés público, el que enfrenta múltiples desafíos en un territorio metropolitano. Con base en los trabajos de Robert Dahl, es posible identificar una crisis de representación en la que diferentes grupos y sectores sociales no entran a hacer parte de los sistemas de elección y decisión democráticos porque en este tienden a ganar los mismos sectores que representan sus tradicionales intereses.

 En un territorio metropolitano esta crisis de la representación política podría significar espacios aún más fragmentados, enclaves o islas diferenciadas por razones económicas, políticas, étnicas, sociales, etc., que no expresan interés por lo público.  En síntesis, los mecanismos que podrían regular el uso y la apropiación del suelo se enfrentan a una situación en que los grupos de interés fragmentan en el espacio cada vez más segregado en enclaves más homogéneos (Thibert y Osorio, 2017).

Así, en la conformación de la región metropolitana podría presentarse alguna de las situaciones que resalta el enfoque de Path Dependence (Gyu, Lee, Kim y Seong, 2019).  En efecto, las instituciones y mecanismos que se creen para el área o región metropolitana de Bogotá podrían:  

• Ser débiles y con una baja capacidad de ordenamiento y gestión del suelo porque no van a reemplazar las instituciones existentes o no van a lograr la coordinación de las existentes y no van a lograr legitimidad entre los actores que pretende coordinar.

• Desatender los conflictos socioeconómicos o ambientales que ya se presentan en la región y que son los que requieren un esquema de gobierno y sobre las que se generan las tensiones entre los diferentes grupos y sectores sociales. Este punto es especialmente importante en cuanto el enfoque de Path Dependence, supone que las tendencias o ‘inercias’ en los territorios no necesariamente cambian con la creación de nuevos niveles de gobierno. 

• Carecer de una visión de lo público o del interés público que oriente sus actuaciones y que por lo tanto la haga inefectiva para regular los grupos heterogéneos que ocupan el territorio. Unido al primer punto, el gobierno metropolitano no lograría controlar o desincentivar situaciones que afectan la ocupación del suelo como el volteo de tierras que se ha presentado en los municipios de la Sabana.

• Dificultar la participación ciudadana y el reconocimiento de movimientos sociales. Esta situación se presentaría si en la figura no se establecen claramente cuál sería el papel y los mecanismos de la participación ciudadana en la toma de decisiones de la región metropolitana.  

• Finalmente, que la región metropolitana esté subordinada a las decisiones que tomen las autoridades de la ciudad principal. Esta es una situación que se ha evidenciado históricamente, en que los diferentes proyectos de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, incluyen proyectos de escala regional, que involucran a los municipios aledaños, pero en los cuales no se convoca a las autoridades locales ni a los habitantes de esos municipios.   

Como se anunció al comienzo de este texto, el artículo no responde la pregunta planteada, solo aporta elementos para mostrar por qué es relevante pensar un gobierno urbano para Bogotá-Sabana más allá de un esquema para la gestión de proyectos. En esta amplia gama de temas y situaciones se hace evidente la importancia de discutir, en su complejidad, un fenómeno como la metropolización. 

Si usted desea más información sobre esta temática puede consultar el artículo “Heterogeneidad y escisión política: algunos aspectos claves a considerar en un gobierno metropolitano de Bogotá-sabana". Para tales efectos, ingrese a 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/84042