Según el INPEC, a marzo de 2021, 176.764 personas estaban privadas de la libertad en el país  en los diferentes centros penitenciarios y carcelarios; el 98.1% (173.490) a su cargo, el 1.6 %  (2.836) en cárceles departamentales, municipales y distritales, y el 0.2% (438) en establecimientos de Reclusión de la Fuerza Pública, 0,2%. 

Manuel Alejandro Iturralde, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, afirmó que la situación de la población privada de la libertad en el país ha empeorado con la pandemia no solo por el impacto del virus sino también por el “mal manejo” que se le ha dado a la emergencia sanitaria. 

“Esta crisis de la  pandemia ha mostrado la peor cara de la situación, llevamos 23 años en un escenario de reiteración de una permanente violación de derechos fundamentales, donde el Estado ha tenido un papel importante”, agregó Yesenia Donoso Herrera, estudiante de la Maestría en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia.

Si bien datos del INPEC dan cuenta de la disminución del hacinamiento en los centros penitenciarios y carcelarios del país al pasar del 55 % antes de la pandemia al 23 % en el último año, el profesor Iturralde sostuvo que “el encierro que ha sufrido la población penitenciaria en este periodo ha sido grandísimo y ha afectado sus derechos fundamentales”.

Lo anterior considerando que la principal medida del gobierno nacional ha sido restringir el ingreso de personas a la cárcel mientras dura la pandemia, “pero no simplemente a las personas acusadas por cometer un delito sino a los familiares de los detenidos, a sus asesores jurídicos y al personal que presta distintos servicios, es decir, las cárceles se han cerrado aún más al exterior con lo cual se impacta negativamente la vida de las personas privadas de la libertad”, manifestó el académico. 

Para el experto en materia penitenciaria y carcelaria, Hernán Ramírez, el cierre de las cárceles, que en principio estaba pensado para tres meses y terminó extendiéndose a la fecha, “ha tenido implicaciones graves porque genera lo que podría considerarse como un trato cruel, inhumano y degradante: en este momento tenemos aproximadamente 20 mil personas detenidas en centros de detención transitoria, estaciones de Policía y URI”, dijo.

“Estos lugares se han convertido en establecimientos para la privación de la libertad y no lo son. Son lugares destinados a la detención de una persona mientras es puesta a disposición del juez. Esto tiene efectos en materia de seguridad ciudadana, porque la policía está ejerciendo funciones que no le corresponden”, advirtió el abogado Ramírez. “Los policías no están para hacer custodia de presos, ellos tienen una función convivencial determinada por el Código Nacional de Policía”, agregó Yesenia Donoso. 

Problemas estructurales por falta de articulación 

Los abogados coincidieron en que uno de los problemas estructurales de la situación actual del sistema penitenciario y carcelario del país es el uso excesivo de la detención preventiva y la duración de la misma. “Es habitual en las cárceles de Bogotá encontrar personas que llevan detenidas preventivamente más de un año”, resaltó el profesor Iturralde. 

“Este problema hay que enfrentarlo con una política criminal que establezca criterios aún más exigentes de la detención preventiva. Pero aunque esta se racionalice, los entes territoriales tienen un papel fundamental porque tradicionalmente han eludido su responsabilidad legal de hacerse cargo de estas personas”, consideró. 

Para el abogado Ramírez este es un problema que pasa por la “desarticulación de la política pública”. “Gran parte del problema actual tiene que ver con que no existe una claridad contundente en la ley, por tanto el primer paso es definir qué le corresponde a las alcaldías, qué a las gobernaciones y qué al gobierno nacional en cuanto a  responsabilidades y alcance”, afirmó.  

Con esto, los abogados hicieron hincapié en otro de los problemas estructurales: la falta de claridad de las competencias y responsabilidades de los entes territoriales. “La administración de justicia le corresponde al Estado Nación y no a los gobiernos locales”, precisó Yesenia Donoso. 

No obstante, explicó que en la lógica de la descentralización que planteó la Constitución de 1991,  la entidad territorial, en este caso la de Bogotá, “asumió cierta responsabilidad pero ¿terminaría subsidiando de alguna manera la carga fiscal del Estado Nación?”, se preguntó. “La principal omisión fue no haber dado un debate de fondo sobre lo que sucede en la descentralización del esquema carcelario”, advirtió la estudiante de la Maestría en Gobierno Urbano. 

“El sostenimiento de los internos sindicados en los tres establecimientos del orden nacionales ubicados en Bogotá estaría entre los 85 mil y los 100 mil millones de pesos, la pregunta es si tendría sentido que la ciudad asuma esa carga cuando no tiene claridad de sus competencias y no participa de las decisiones del sistema de administración de justicia”, insistió. 

Para Yesenia Donoso, el desafío es “cómo empezar a generar dinámicas desde las ciudad y el Estado Nación que permita, uno, definir una política penitenciaria y carcelaria que atienda la prevención del delito; dos, la garantía de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en reclusión y tres, que se pueda definir una estructura que de largo plazo reduzca el número de los internos”. 

En ese sentido, el profesor Iturralde puntualizó que falta más diálogo y articulación entre los niveles de gobierno local, regional y nacional para el diseño y la implementación de una política criminal. Para esto se requiere analizar el problema de manera sistémica. “Uno de los grandes problemas de la política criminal es que está completamente desestructurada, los fiscales operan de una manera inarmónica con los jueces y defensores, aunque cada uno cumple un rol deberían ser más conscientes de que son responsables de hacer funcionar un sistema complejo, pero están totalmente desconectados del sistema penitenciario”, aseguró. 

“Se requieren esquemas colaborativos que entiendan que no se trata solo de girar plata sino que es necesario generar una oferta de servicios de la ciudad para las personas privadas de la libertad, reconocidas como una población vulnerable”, puntualizó Yesenia Donoso. 

El profesor Iturralde sostuvo que “los entes territoriales pueden asumir más responsabilidad en el sentido de establecer estrategias para que el problema de la criminalidad no sea enfrentado únicamente a través de la represión y de la cárcel sino encontrar formas que eviten que tantas personas lleguen a la cárcel, ahí las políticas de seguridad ciudadana y las acciones de la policía, que en buena medida sí dependen de las entidades territoriales, tienen un impacto importante”.