No podemos pasar por alto que nuestro país ocupa un puesto de primer orden en el sitial mundial de desigualdades, que las inequidades de diferente orden afectan a la mayor parte de la sociedad y que el deterioro de la calidad de vida ha sido protuberante, como lo muestran los indicadores sociales, urbanos y rurales.

Vemos con preocupación cómo el actual gobierno ha realizado un esfuerzo notorio en atacar componentes importantes de la Constitución de 1991, un esfuerzo por desmontar, de manera silenciosa pero constante, algunos de los logros que mucho han costado a la sociedad colombiana. En el mismo sentido, asistimos a un ejercicio de gobierno que desconoce los avances alcanzados en el Acuerdo de Paz, siendo una de sus consecuencias el asesinato de líderes sociales, y el retorno del conflicto a varias regiones del país.

Encontramos una política de desconocimiento a instituciones importantes para la democracia y la justicia en el país, un continuo atentado al equilibrio de poderes, la criminalización de la protesta social y un esfuerzo constante por asimilar las manifestaciones pacíficas con asonadas y ataques a los bienes públicos y privados. En su conjunto, esa posición conduce a una desvalorización de la vida como bien supremo, traducida en muertes y lesiones no solo de manifestantes sino de miembros de la fuerza pública.  

Presenciamos la manifestación de ciudadanos y grupos sociales que no se sienten representados por los actores políticos que hasta hoy lo habían hecho y la insurgencia de una sociedad no comprendida por un Estado que se niega a tramitar sus reclamos y aceptar la opinión expresada en el espacio público.   

Asistimos al surgimiento de una nueva geografía donde la ciudad y el espacio público urbano se convierten en el escenario de expresión de reclamos, demandas y críticas, actos que, de manera empecinada, desde las instituciones y algunos medios de comunicación, se pretenden asimilar a actos de criminalidad. Hay una nueva geografía, tanto en la ciudad como en las relaciones de ésta con los entornos rurales. Hoy la ciudad es muy diferente a la que vivimos hace pocas décadas y es deber de las autoridades conectarse con ella y los reclamos de sus habitantes.  

No entendernos, no comprender la nueva sociedad, la nueva ciudad, el nuevo mundo rural, nos ha llevado a las incomprensiones en que nos hallamos, con los costos en vidas humanas, bienes públicos y privados y mayores desengaños, todos, caldos de cultivo de nuevos y letales virus.

Hacemos un llamado a una reflexión fundada en el principio elemental del respeto a la vida y a la opinión libre de violencias.